El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado en Colombia una red de alianzas orientadas principalmente a la compra de cocaína, el acceso a oro ilegal y el aseguramiento de rutas estratégicas de exportación. Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, de 59 años, el 22 de febrero en México —hecho que generó bloqueos y episodios de violencia en varios estados— las conexiones colombianas del cartel han recibido mayor atención pública ante la posibilidad de una reconfiguración en las dinámicas del narcotráfico internacional.
Diversos reportes periodísticos y judiciales coinciden en que el CJNG opera en Colombia mediante acuerdos pragmáticos basados en intercambio de droga por armas, financiación a cambio de protección territorial y logística compartida. No se trata de presencia política ni ideológica, sino de relaciones comerciales dentro de economías ilícitas.
Producción y exportación: del Pacífico al Caribe
En departamentos como Nariño, Cauca y Norte de Santander, investigaciones han señalado que el cartel ha financiado o arrendado laboratorios con el objetivo de reducir intermediarios y asegurar la salida directa de cargamentos. En zonas del Pacífico como Tumaco y Buenaventura se han documentado estructuras dedicadas a la construcción de semisumergibles utilizados para enviar droga hacia Centroamérica.
Emisarios vinculados a redes mexicanas han sido mencionados en procesos judiciales por verificar pureza de cargamentos y coordinar embarques desde puertos del Pacífico y del Caribe, incluyendo Barranquilla y sectores de La Guajira.
Alianzas territoriales en Colombia
Autoridades han señalado acuerdos logísticos entre el CJNG y estructuras del Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) para el uso de corredores estratégicos y puertos clandestinos en la región Caribe.
Es importante precisar que “Los Metros” no constituyen un brazo del CJNG. Históricamente fueron una facción del Cartel del Golfo en México, aunque en determinados momentos han existido cooperaciones tácticas con el CJNG en territorio mexicano.
Reportes judiciales también mencionan vínculos comerciales con frentes disidentes de las antiguas FARC, entre ellos el Frente Carlos Patiño, el Frente Jaime Martínez, el Frente 33 en el Catatumbo y el Frente Sexto. Estas relaciones han sido descritas como transacciones de compra de cocaína y eventual intercambio de armas.
Las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) han sido ubicadas en investigaciones como una estructura surgida tras la fragmentación de antiguos frentes de las FARC en el Pacífico. No provienen de las AUC.
El llamado Frente Virgilio Peralta Arenas, conocido como “Los Caparrapos”, no es una disidencia de las FARC. Es una estructura surgida de fracturas internas del paramilitarismo y posteriormente del Clan del Golfo, con presencia en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba.
Competencia internacional
El CJNG disputa proveedores y rutas con el Cartel de Sinaloa, especialmente en corredores del Pacífico y el Caribe. Esta competencia no implica control territorial directo en Colombia, sino influencia sobre cadenas de suministro y acceso a productores locales.
Casos judiciales que revelan la estructura
Procesos en Colombia y Estados Unidos han involucrado a ciudadanos señalados de operar redes de exportación hacia México. Entre los casos mencionados en prensa se encuentran capturas en Barranquilla, La Guajira, Buenaventura y Medellín, donde las autoridades describen esquemas logísticos con ganancias millonarias derivadas del tráfico internacional.
Estos procesos muestran una estructura basada en intermediarios, coordinadores logísticos y enlaces financieros, más que en presencia armada directa de integrantes mexicanos.
Más allá de la cocaína: riesgos humanitarios
Medios internacionales han documentado denuncias sobre trata de personas vinculadas a redes criminales asociadas al CJNG, con ofertas laborales fraudulentas hacia México que terminarían en explotación.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas sobre amenazas contra líderes sociales en regiones donde confluyen economías ilícitas, particularmente en Córdoba y el Pacífico colombiano.
Una presencia sin bandera política
No hay evidencia de alineamientos ideológicos entre el CJNG y actores armados colombianos. Las relaciones descritas en investigaciones y reportes responden a una lógica de mercado criminal: asegurar producción, proteger rutas y maximizar ganancias.
La afirmación de presencia o reclutamiento en “32 departamentos” requeriría respaldo judicial específico. Hasta ahora, los reportes hablan de presencia indirecta a través de redes asociadas, no de control territorial nacional por parte del cartel mexicano.