En Colombia, la entrega y titulación de tierras ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate público. En los últimos años, la Agencia Nacional de Tierras ha formalizado cerca de dos millones de hectáreas. Solo en una de sus jornadas recientes se entregaron 44.000 hectáreas en 13 departamentos a más de 5.000 familias, muchas de ellas esperando durante décadas el reconocimiento formal de su propiedad.
La expansión de los programas de titulación busca corregir rezagos históricos en el acceso a la tierra. Sin embargo, en las regiones rurales persiste una pregunta recurrente: si la entrega de títulos está logrando transformar las condiciones económicas de quienes viven en el campo.
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria rural se ubicó alrededor del 41,2 % en 2023, una tasa consistentemente más alta que la registrada en zonas urbanas.
A su vez, la pobreza multidimensional en zonas rurales alcanzó cerca del 24,3 % en 2024, frente a 7,8 % en las cabeceras municipales, lo que refleja brechas persistentes en acceso a servicios básicos, educación, empleo y condiciones de vida.
En términos de percepción, cerca del 63,3 % de los hogares rurales se consideraban pobres en 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida.
Estas cifras muestran que la desigualdad territorial continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales del país.
La tierra formalizada es un primer paso
El debate sobre la tierra en Colombia no se limita a los programas recientes de titulación. La formalización agraria responde a una historia de décadas marcada por conflictos de propiedad, desplazamiento forzado y rezagos institucionales.
Contar con un título de propiedad permite a las familias rurales acceder formalmente al sistema financiero, participar en programas estatales y utilizar la tierra como respaldo para proyectos productivos. Sin embargo, el título por sí solo no garantiza mejoras económicas si no se articula con otras políticas públicas.
Sin acceso a crédito, muchos productores no pueden invertir en tecnología, maquinaria o mejoras agrícolas. Sin infraestructura adecuada —como vías de acceso, energía o conectividad— las comunidades rurales enfrentan dificultades para comercializar sus productos.
La formalización de la tierra aparece así como una condición necesaria para el desarrollo rural, pero no suficiente para transformar por sí sola las condiciones de vida.
ICARRD+20: conclusiones y tensiones globales
La discusión sobre el papel de la tierra en el desarrollo rural fue uno de los temas centrales de la cumbre ICARRD+20, realizada en Colombia. El encuentro reunió a más de 2.000 participantes de 56 delegaciones internacionales, incluyendo representantes campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, académicos y funcionarios públicos.
Durante la conferencia se discutieron temas como desigualdad en el acceso a la tierra, cambio climático, degradación de suelos, migraciones rurales y seguridad alimentaria.
Entre las conclusiones presentadas en el encuentro se destacó la necesidad de fortalecer el reconocimiento jurídico de territorios campesinos.
En Colombia existen 27 Zonas de Reserva Campesina (ZRC) formalmente constituidas, mientras que los Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam) siguen siendo experiencias más recientes con menor desarrollo institucional.
En el encuentro también se planteó la necesidad de ampliar los mecanismos de representación política del campesinado en escenarios legislativos y de decisión pública.
Reforma agraria global y redistribución
La declaración final de ICARRD+20 incluyó un llamado a los Estados para diseñar políticas redistributivas de tierra orientadas a reducir desigualdades rurales y fortalecer la seguridad alimentaria.
En ese contexto, la tierra fue presentada como un elemento central para enfrentar desafíos asociados a pobreza rural, crisis climática y acceso a alimentos.
El debate sobre redistribución agraria también incluyó discusiones sobre mercados de tierras, derechos colectivos de comunidades rurales y reconocimiento jurídico de territorios campesinos.
Bonos de carbono y gobernanza ambiental
Uno de los puntos de discusión en la conferencia fue el funcionamiento del mercado de bonos de carbono, mecanismo creado para compensar emisiones y financiar la protección de ecosistemas.
Un informe presentado durante el encuentro estimó que Colombia podría haber perdido más de 2,3 billones de pesos debido a la falta de regulación clara en estos mercados.
En regiones como la Amazonía colombiana se han denunciado contratos firmados entre empresas intermediarias y comunidades indígenas o campesinas para la venta de créditos de carbono.
Según los testimonios presentados en el encuentro, algunos de estos contratos comprometen territorios durante décadas y han generado controversias sobre la distribución de beneficios.
En varios casos señalados durante el debate, las comunidades recibirían entre 25 % y 35 % del valor total de los proyectos, mientras que el resto quedaría en manos de intermediarios y empresas.
Jóvenes, género y acceso a la tierra
Otro de los temas recurrentes en la discusión sobre desarrollo rural es el acceso desigual a la tierra entre distintos grupos de población.
Diversos estudios y reportes han señalado que las mujeres rurales y los jóvenes tienen menores niveles de acceso a propiedad de la tierra y a recursos productivos.
Esta situación tiene implicaciones demográficas: una proporción creciente de jóvenes abandona el campo ante la falta de oportunidades económicas y sociales.
En ese contexto, especialistas en desarrollo rural han insistido en que las políticas agrarias deben incorporar componentes adicionales como educación técnica rural, acceso a crédito, fortalecimiento de cadenas productivas y servicios públicos.
Hacia un desarrollo rural integral
La experiencia colombiana muestra que la reforma agraria no se mide únicamente por la cantidad de hectáreas entregadas.
El impacto de las políticas agrarias depende también de factores como infraestructura, acceso a mercados, financiamiento productivo, educación rural y regulación de nuevas economías ambientales.
Las discusiones surgidas en ICARRD+20 reflejan que el acceso a la tierra sigue siendo un elemento central del debate rural, pero también evidencian que su impacto depende de cómo se articule con otras políticas económicas y sociales.
El desafío de las próximas décadas será evaluar si las políticas de redistribución y formalización logran reducir de manera sostenida la pobreza rural y mejorar las condiciones de vida en el campo colombiano.
Fuentes
- DANE. Informe del sector estadístico 2024–2025.
- Departamento Nacional de Planeación. Informe sobre pobreza multidimensional en Colombia.
- Presidencia de la República. Reporte sobre pobreza monetaria.
- Ministerio de Agricultura. Documentos sobre ICARRD+20.
- Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Resultados de la conferencia ICARRD+20.
- Casa de la Mujer. Informe sobre pobreza multidimensional en mujeres rurales.